El sector automotor local enfrenta un escenario complejo donde la presión fiscal interna y las prácticas de subsidios externos ponen en riesgo su competitividad.
La industria automotriz argentina atraviesa un momento crítico. Al desafío de la transformación tecnológica global en movilidad se suma una competencia feroz no solo comercial, sino también por inversiones que definirán el futuro productivo y laboral del sector.
El sector automotor y autopartista es uno de los más expuestos a la competencia externa. Mientras que para la economía argentina el comercio exterior representa el 25% del PBI, en este rubro supera el 130% de la producción. La estructura productiva se basa en la especialización y complementación con Brasil, por lo que reglas equitativas son esenciales para mantener la competitividad.
Actualmente se debate cuál debería ser el patrón de referencia para medir la competitividad de la cadena automotriz. Comparar precios sin considerar diferencias impositivas o subsidios puede llevar a conclusiones injustas. Algunas empresas exigen reglas justas para vender, pero no aplican el mismo criterio al comprar autopartes de países con dumping social o subsidios estatales.
Potencia como Estados Unidos y la Unión Europea aplican aranceles quirúrgicos y realizan investigaciones antisubsidios para evitar importaciones con ventajas artificiales. También exigen reglas de origen estrictas para impedir triangulaciones que eludan aranceles. No cierran sus economías, sino que hacen cumplir las normas.
Argentina enfrenta una doble carrera: debe lidiar con la competencia desleal de otros países y, al mismo tiempo, con una pesada carga tributaria interna. Impuestos como Ingresos Brutos, el Impuesto a los Débitos y Créditos y tasas municipales generan un efecto cascada que encarece las exportaciones, especialmente en cadenas productivas más integradas localmente.
Para competir en igualdad de condiciones, el país necesita aliviar esa mochila fiscal sin descuidar la estabilidad macroeconómica, y exigir reglas claras que eviten el “doping” de subsidios externos.