La aplicación de acuerdos de ‘tercer país seguro’ ha llevado a que personas con pedidos de asilo sean enviadas a naciones con las que no tienen vínculo, según reportes de agencias de noticias y organizaciones de defensa.
En el marco de las políticas migratorias de la administración estadounidense, se han registrado casos de personas con órdenes de deportación a terceros países con los que no poseen una conexión directa. De acuerdo con información de la agencia AP, abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han utilizado mociones legales para cerrar solicitudes de asilo pendientes sin una audiencia completa, fundamentándose en acuerdos de tercer país seguro reactivados o firmados recientemente.
A diferencia de pactos anteriores de 2019, estas medidas afectarían a solicitantes que ingresaron a Estados Unidos después del inicio de la nueva gestión en enero de 2025. Se han reportado situaciones como la de un ciudadano afgano enviado a Uganda y una mujer guatemalteca derivada a Honduras. «Cuando pienso en tener que ir a otros países, me entra el pánico», declaró la mujer tras una audiencia, según el reporte.
Pese a las miles de órdenes emitidas, se estima que menos de 100 personas han sido efectivamente deportadas a estos destinos debido a complicaciones logísticas, como la falta de transporte adecuado y límites en los acuerdos mismos. Esta situación ha dejado a los afectados sin la posibilidad de defender su caso de asilo y con la pérdida de sus permisos legales de trabajo.
Funcionarios del ICE habrían ordenado en marzo de este año a sus abogados detener la presentación de nuevas mociones de este tipo para casos de asilo, aunque los procesos ya iniciados continúan su curso. Los Acuerdos de Cooperación en Asilo (ACA) afectan, en principio, a personas que ingresaron a EE.UU. después del 19 de noviembre de 2019.