El fiscal Carlos Stornelli analiza posibles imputaciones contra directivos del Banco Central de la gestión kirchnerista, tras el embargo millonario dispuesto por la jueza María Servini a 160 dueños de casas de cambio por maniobras con 600 millones de dólares durante el cepo cambiario de 2023.
El fiscal Carlos Stornelli estudia imputar a funcionarios del Banco Central durante el kirchnerismo por omitir controles sobre los dueños de las agencias de cambio Elías Piccirillo, Martín Migueles y Maxi Vallejos, entre otros, por maniobras con 600 millones de dólares en 2023, durante el último cepo cambiario.
La línea investigativa se basa en las pruebas descriptas en el embargo que la jueza María Servini dictó sobre los bienes de 160 dueños de casas de cambio y financieras, en la segunda causa por maniobras con las SIRA y otras operaciones irregulares para comprar dólares al valor oficial y venderlos en el mercado blue.
Ese mecanismo, conocido como “rulo financiero”, generaba ganancias superiores al 100 por ciento durante el cepo. Servini advirtió que “el mecanismo fraudulento descripto entre las entidades de cambio y los organismos de control (Banco Central), con el objetivo de acceder a dólares al tipo de cambio oficial en un contexto de cepo cambiario, afectó las reservas de dólares estadounidenses del Estado”. Al final del gobierno de Alberto Fernández, el BCRA terminó con reservas negativas.
El llamado “Rey del Blue” y otros operadores realizaron “operaciones cambiarias fraudulentas” y “se aprovecharon de las flexibilidades y limitaciones del sistema de fiscalización del Banco Central”, señaló la jueza. Según Servini, las “debilidades del Banco Central fueron explotadas de manera sistémica, así como un entramado de vínculos que les garantizó el acceso al mercado oficial de cambios y la neutralización de mecanismos institucionales de supervisión y detección”.
El directorio del BCRA durante 2023, en la gestión de Sergio Massa, estaba integrado por: Miguel Ángel Pesce, presidente; Sergio Adrián Woyecheszen, vicepresidente; Lisandro Pablo Cleri, vicepresidente segundo; y los directores Zenón Alberto Biagosch, Jorge Eduardo Carrera, Pablo Manuel Carreras Mayer, Juan Agustín D’Attellis Noguera, Claudio Martín Golonbek y Eduardo Hecker. Cleri respondía directamente a Massa, quien, a través de fuentes cercanas, niega haber participado de las maniobras.
Debajo de ellos se encontraba la Dirección de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, integrada por Romina García, Diego Volcic, Analía Jaime, Fabián Violante y María Valeria Fernández. García es quien habría dicho, en un audio con Francisco Hauque, que en las maniobras con las SIRA “había gente de arriba entongada”. En un sumario del BCRA, García afirmó que dijo esa frase porque estaba nerviosa.
Por su parte, el fiscal Franco Picardi, en la otra causa que instruye el juez Ariel Lijo, cita una conversación telefónica entre Francisco Hauque y Migueles. En ese diálogo, este último se mostraba enojado por haber estado detenido ilegalmente en 2025 y decía que “quería ver preso a Ariel Vallejos y Valeria Fernández”. Luego, Hauque le manifestó a Migueles que había que “prender el ventilador” y contar lo de “Vallejos y Fernández”.
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) explicó la maniobra en un informe reservado. El mecanismo consistió en que 2.765 personas y 647 empresas entregaban 141 mil millones de pesos a 15 casas de cambio. Luego, Stema y Mega Latina realizaban intercambios internos de pesos y finalmente entregaban el dinero al banco BST, que conseguía los dólares al precio oficial del Banco Central.
El informe revela que, entre enero y agosto de 2023, 17 casas de cambio habrían recibido 141.596.000.000 pesos de personas físicas y jurídicas, pudiendo resultar, al menos una parte de esos fondos, de origen ilícito. Luego de un complejo proceso de redistribución, 129.640.000.000 pesos habrían sido canalizados en Stema Cambios SA y Mega Latina SA, que obtuvieron 507.448.000 dólares a través del Banco de Servicios y Transacciones SA, retirados en efectivo.
Voceros del BST informaron que “todas las compras de dólares fueron realizadas con entidades autorizadas y habilitadas por el Banco Central. Todos los retiros fueron informados al Banco Central en tiempo y forma”. Por otra parte, Pesce aclaró que hizo una primera denuncia en 2021, que tramita ante la jueza María Eugenia Capuchetti, aunque estos movimientos corresponden a operaciones realizadas dos años después.