La Secretaría de Educación anunció un cambio en la periodicidad de las evaluaciones censales, que pasarán a realizarse cada cuatro años, con pruebas muestrales intermedias. La medida genera debate entre especialistas y sectores políticos.
El Gobierno nacional decidió modificar la frecuencia de las pruebas Aprender, las evaluaciones censales que alcanzan a todos los alumnos de determinados años. A partir de ahora, estas pruebas se realizarán cada cuatro años, mientras que entre una y otra se aplicarán evaluaciones muestrales a una cantidad menor de estudiantes.
Desde la Secretaría de Educación argumentan que la decisión busca reducir la “sobrecarga” de evaluaciones sobre las escuelas, evitar superposiciones con otras pruebas nacionales e internacionales y mejorar el “uso pedagógico” de los resultados. También señalan que las evaluaciones censales anuales no suelen mostrar cambios significativos en períodos tan cortos.
Sin embargo, otras voces advierten que una menor frecuencia puede implicar pérdida de información detallada de cada escuela, debilitar la cultura de la evaluación —que tanto costó conseguir en el país— y profundizar desigualdades entre provincias con distintas capacidades de producir datos propios. También resurge la sospecha política de que los cambios obedecen a la urgencia de evitar posibles títulos negativos en los medios.
La discusión no es nueva. Desde su creación en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, las pruebas Aprender fueron censales y anuales. Dos años después, esa misma gestión resolvió espaciar su aplicación, alternando entre primaria y secundaria. Luego llegó la pandemia y el gobierno de Alberto Fernández volvió a cambiar la frecuencia. Ahora, la administración de Javier Milei introduce un nuevo ajuste.
En contraste, varios países de la región como Uruguay, Chile, Brasil, México, Colombia y Ecuador cuentan con agencias autónomas encargadas de la evaluación educativa, organismos técnicos con mayor estabilidad institucional. La semana pasada, los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade presentaron un proyecto de ley para crear una agencia de este tipo en Argentina, aunque iniciativas similares anteriores no avanzaron en el Congreso.
El debate de fondo es si una política pública clave para entender qué aprenden —o no— millones de alumnos debe depender de las prioridades de cada gestión, o si es necesario un organismo independiente que garantice continuidad y rigurosidad técnica.