Una resolución conjunta de los ministerios de Economía y Salud, la ANMAT y la Jefatura de Gabinete autoriza la comercialización de estos productos bajo registro obligatorio, eliminando la prohibición vigente desde hace más de una década.
El Gobierno decidió eliminar la prohibición a la venta de productos de nicotina que regía en el país desde hace más de una década. Una resolución conjunta de los ministerios de Economía y Salud, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Jefatura de Gabinete autoriza en adelante la comercialización local de vapeadores, bolsitas de nicotina o tabaco calentado, entre otros dispositivos, que estén “debidamente registrados”.
El texto publicado hoy en el Boletín Oficial plantea como argumentos oficiales “ordenar el mercado” informal de esos productos. Para el Gobierno, “se consumen igual, se venden de manera ilegal, no tienen trazabilidad, no hay control sobre lo que contienen y no tributan”, informó la cartera sanitaria. “La prohibición no frenó el consumo: lo empujó a la informalidad”, continuaron.
Datos locales –tanto oficiales como de institutos y organizaciones de la sociedad civil que monitorean el consumo y el impacto del tabaquismo en la salud pública y la economía– coinciden en que fallecen unas 45.000 personas por año por enfermedades relacionadas (el 14% de todas las muertes en el país), en que la percepción de riesgo del consumo de productos de tabaco y nicotina es baja y en que la edad de consumo es cada vez más temprana por las estrategias de marketing orientadas especialmente a los chicos y adolescentes con la incorporación de saborizantes.
Precisamente, la nueva norma establece la eliminación de los saborizantes en los líquidos para vapear. En la encuesta sobre consumo de sustancias en estudiantes secundarios de 2025, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar) incluyó por primera vez el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores en estudiantes secundarios (gestión pública y privada). El 35,5% de los menores de 13, 15 y 17 años dijo consumir cigarrillos electrónicos.
Ese resultado coincide con otro relevamiento del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) en chicos y adolescentes de entre 12 y 17 años de cuatro ciudades del país: el 36,7% había usado cigarrillos electrónicos y el 3,4%, bolsitas de nicotina (pouches). Estos productos contienen una mezcla de sustancias y se les atribuye un alto poder adictivo y efectos adversos, de ahí el debate por su regulación en el mundo, sobre todo para evitar el acceso de los menores de edad.
Lo que más llamó la atención durante el trabajo del Cedes es que el 12,5% probaría las bolsitas de nicotina y un 41,4% dijo lo mismo sobre el cigarrillo electrónico si un amigo se lo propusiera.
Hasta la publicación de la nueva decisión conjunta de Economía, Salud, ANMAT y Jefatura de Gabinete, el marco regulatorio y sanitario nacional que incluía la prohibición sobre estos productos estaba “orientado a reducir los riesgos asociados al vapeo y a la utilización de los dispositivos electrónicos, sosteniendo un enfoque preventivo basado en la evidencia científica disponible en un contexto de nuevos tipos de dispositivos y prácticas de consumo”, afirmó la Sedronar.
Para el Ministerio de Salud, ahora, “la experiencia acumulada muestra que los esquemas de prohibición absoluta en mercados dinámicos terminan favoreciendo la circulación de productos ilegales, sin control ni estándares, aumentando los riesgos”.
De acuerdo con la decisión administrativa publicada hoy, con el levantamiento de la restricción se crea un “registro obligatorio para todos los productos”, de los que las empresas que los comercializan e importan deberán “declarar su composición y cumplir estándares de calidad”, además de tener capacidad de implementar su “trazabilidad” una vez en el mercado y asignarles la “responsabilidad” sobre lo que los usuarios consuman. “Solo podrán venderse productos que estén debidamente registrados”, destacó Salud.
Al autorizar la comercialización, el Gobierno considera que “el Estado pasa a tener herramientas concretas para controlar, fiscalizar y sancionar. Hoy no tiene ninguna. El peor escenario es el actual: consumo masivo en un mercado completamente en negro”.
En lo que tiene que ver específicamente con el área de acción del Ministerio de Economía, “se termina con un circuito dominado por el contrabando, se incorporan estos productos al sistema formal y pasan a tributar, con esquemas diferenciados según cada categoría”.
Desde el punto de vista de salud pública, para el área que dirige Mario Lugones “se interviene sobre un consumo que ya existe y crece, especialmente en jóvenes; hoy, estos productos se comercializan sin ningún control sobre su composición y origen” al estar prohibidos. Consideraron “un punto clave” de la nueva norma la eliminación de los saborizantes de los líquidos para vapear.