El país caribeño enfrenta un complejo escenario político y de seguridad, con un calendario electoral incierto y una grave crisis humanitaria que afecta a millones de personas.
Sumido en el caos impuesto por pandillas, violencia y desplazamientos masivos, Haití había puesto en marcha una convocatoria a elecciones presidenciales. Según el calendario difundido por el Consejo Electoral Provisional (CEP) ante el Consejo Presidencial de Transición (CPT), la primera vuelta de los comicios debía tener lugar el 30 de agosto de 2026, mientras que la segunda estaba prevista para el 6 de diciembre. Sin embargo, el 9 de abril último, tras una reunión entre el primer ministro y el CEP, un miembro de este consejo declaró que la fecha del 30 de agosto ya no era válida.
Los últimos comicios celebrados en el país ungieron como presidente a Jovenel Moïse, quien asumió el 7 de febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021. A partir de entonces, Haití comenzó a transitar un prolongado período de inestabilidad política, corrupción, pobreza y violencia como no se había visto antes, intensificada en zonas urbanas y periurbanas, donde las bandas, utilizando armas de gran calibre, llevan a cabo ataques coordinados en varios frentes.
Un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que los altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos denominados de “autodefensa” han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año. Las bandas han conseguido fortificar corredores estratégicos y mantener su dominio sobre rutas marítimas y terrestres críticas que sostienen y financian sus operaciones.
El reporte también mencionó que los homicidios se dirigieron contra personas sospechosas de cooperar con la policía o de resistirse al control de las bandas, mientras que la violencia sexual, principalmente contra mujeres y niñas, se utiliza como táctica punitiva. Los secuestros extorsivos para obtener rescates y la destrucción de bienes dificultan el acceso a servicios esenciales como la atención sanitaria y la educación, agravando también las dificultades económicas y la inseguridad alimentaria.
A ello se suma la violencia de los grupos armados de autodefensa que linchan a los sospechados de ser culpables de delitos o de pertenecer a bandas. Lo que llaman “justicia popular” ya ha causado 598 muertos y 76 heridos desde marzo de 2025 hasta comienzos de este año. La solicitud de 880 millones de dólares presentada por las Naciones Unidas para el Plan de Respuesta Humanitaria 2026 revela la magnitud de una emergencia como la de Haití.
Las agencias humanitarias proyectan asistir a 4,2 millones de personas de los 6,4 millones que necesitan ayuda, aunque la falta de financiamiento y la complejidad operativa dificultan el acceso a la ayuda esencial. Apenas 50 agentes de policía provenientes de la República del Chad llegaron a Puerto Príncipe el 1° de abril pasado. Son parte del primer contingente de la nueva fuerza de la ONU en Haití, la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG). De acá a septiembre, se espera la llegada de un total de 5.500 efectivos.
Cabe señalar que, en octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU había adoptado la Resolución 2793 para reemplazar la Misión de Apoyo a la Seguridad (MMAS) por la FRG. El período que se avecina es crucial para Haití. La gestión de un frágil calendario político, el apoyo a los incipientes esfuerzos por lograr estabilización, la implementación de nuevas medidas con el apoyo de fuerzas exteriores para contrarrestar el accionar de las bandas y la respuesta a las persistentes necesidades humanitarias determinarán la capacidad del país para avanzar hacia unas elecciones creíbles.
El control de la violencia y el retorno al camino del funcionamiento institucional son condiciones imprescindibles para que el pueblo haitiano pueda recuperar la paz y un mínimo de bienestar.