El gobierno provincial anunció que las familias de los alumnos responsables de amenazas de ataques armados deberán hacerse cargo del costo de los procedimientos de seguridad, que superan los 5 millones de pesos cada uno.
El gobierno de Santa Fe determinó que los padres de los alumnos que realicen amenazas de ataques armados en escuelas deberán pagar el costo de los operativos policiales que estas falsas alarmas desencadenan. Cada procedimiento de seguridad tiene un costo estimado entre 5 y 6 millones de pesos.
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, fue contundente al remarcar que estas acciones «no son una broma sino un delito». «Una vez que se compruebe la responsabilidad del involucrado, este o su familia deberá hacerse cargo y costear el mismo», anunció.
La ola de casos tuvo su pico la semana pasada, registrándose 65 denuncias en un solo día, muchas mediante carteles dejados en baños de establecimientos educativos. Cococcioni explicó que cada denuncia activa un operativo coordinado con la Fiscalía, que incluye aprehensiones, allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos para identificar a los responsables. Confirmó que ya hay «varios detenidos a disposición de la justicia».
El funcionario detalló que el costo elevado se debe a la movilización de policías, bomberos, dispositivos de emergencia y horas extra para garantizar la seguridad. Además, subrayó las consecuencias legales a futuro para los involucrados, que en su mayoría son menores de edad.
Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) emplea análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP para agilizar las investigaciones, las cuales pueden derivar en allanamientos y detenciones.
El ministro de Educación, José Goity, destacó que se potenciarán los programas de educación digital y las rondas de convivencia como herramientas para mejorar la situación. La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, instó a la comunidad educativa a abordar el tema con seriedad, recordando que se trata de «un delito de intimidación pública».