A pesar de ser un exportador neto de crudo y alcanzar récords de producción, los combustibles en el país se encuentran entre los más caros de la región, un fenómeno que analistas vinculan a cambios regulatorios recientes.
En un contexto global de tensión en el Estrecho de Ormuz que presiona los precios internacionales, Argentina presenta una situación particular. El país es un productor relevante de petróleo, con una producción que ronda los 900 mil barriles diarios –el nivel más alto desde 1998– y posee importantes reservas de shale gas y shale oil. Sin embargo, el precio interno de los combustibles para el consumidor final se ubica por encima del de países como Estados Unidos o Brasil.
Según datos oficiales y de consultoras, la producción nacional de petróleo, impulsada principalmente por Vaca Muerta, ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, permitiendo al país convertirse en exportador neto. No obstante, esta base productiva no se ha traducido en precios más bajos en las estaciones de servicio.
Expertos señalan que un punto de inflexión fue la sanción de la Ley Bases 27.742 en junio de 2024, la cual derogó el artículo central de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera que establecía la obligación de abastecer prioritariamente el mercado interno. Esta norma otorgó a los productores libertad plena para exportar y prohibió al Poder Ejecutivo intervenir en la formación de precios, incluido el mecanismo conocido como «barril criollo». Como resultado, el precio interno del combustible se determina bajo el criterio de paridad de importación, aun cuando el crudo es de producción local.
Las estadísticas muestran que, desde diciembre de 2023, el precio de la nafta ha tenido un incremento nominal del 542,7%, superando ampliamente los índices de inflación y de aumento salarial del sector privado en el mismo período. En lo que va de 2026, el combustible registró una suba del 24%, contra un IPC del 9%.
Actualmente, un litro de nafta en Argentina cuesta aproximadamente US$ 1,5, lo que posiciona al país como el segundo productor de petróleo con el combustible más caro de América Latina. Este nivel de precios se acerca al de naciones altamente dependientes de las importaciones o directamente involucradas en conflictos geopolíticos.
Otro componente que incide en el precio final es el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), cuya alícuota pasó del 10% al 20% del precio del litro entre 2022 y marzo de 2026. Según informes, una parte significativa de la recaudación de este impuesto, que por ley debería destinarse a un fideicomiso para infraestructura de transporte, no se habría ejecutado en obras, en un contexto de fuerte caída de la inversión en obra pública.
El impacto de los precios elevados del combustible afecta directamente el poder adquisitivo de las familias, al destinarse una porción mayor del ingreso a la movilidad, con efectos sobre otros gastos esenciales.