Distintos bloques parlamentarios presentaron propuestas para impedir que personas con condenas firmes por delitos graves puedan postularse a cargos electivos. La iniciativa, que el año pasado no logró convertirse en ley, regresa al Congreso en un contexto preelectoral.
En el marco del año preelectoral, diversos bloques del Congreso Nacional han presentado nuevamente proyectos de ley conocidos como «Ficha Limpia», que buscan establecer la inelegibilidad para cargos públicos de quienes tengan condenas firmes por delitos graves. La iniciativa, que había obtenido media sanción en Diputados en 2023 pero fue rechazada en el Senado, es impulsada ahora por el interbloque Unidos, la Coalición Cívica y la diputada radical Karina Banfi en la Cámara baja, mientras que el bloque del PRO presentó una propuesta similar en el Senado.
Según indicaron legisladores involucrados, la coincidencia en las presentaciones responde a una coordinación con el movimiento social que promueve la causa. Las organizaciones de la sociedad civil se contactaron con los parlamentarios para reactivar los proyectos.
El año pasado, la iniciativa, que se debate desde 2016, sufrió un revés inesperado en el Senado cuando dos senadores por Misiones, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, votaron en contra tras haber manifestado su apoyo, lo que frustró su sanción. En ese momento, trascendió que el oficialismo de entonces habría solicitado ese cambio de postura, versión que fue negada por el presidente Javier Milei. Los senadores misioneros no brindaron explicaciones públicas.
Los proyectos presentados establecen que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos como corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, narcotráfico, trata de personas, delitos contra la vida, la integridad física y el orden constitucional. También incluyen como causal de inelegibilidad a los deudores alimentarios morosos. La propuesta del PRO en el Senado agrega la creación de un Registro Público en la Cámara Nacional Electoral para aplicar la norma de manera automática.
«Durante diez años promovimos, debatimos, peleamos y llevamos al Recinto en varias oportunidades este proyecto para que sea ley. En este nuevo periodo parlamentario, sigo comprometida con la integridad de los funcionarios», afirmó la diputada Karina Banfi. Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) expresó: «Vamos a trabajar junto al resto de los diputados para que esta vez sea ley».
Con la actual composición del Senado, donde el oficialismo cuenta con mayor representación, los números ya no serían un impedimento si se decidiera avanzar con la iniciativa.