Una agrupación de inquilinos manifestó su preocupación por las modificaciones en los procesos de desalojo que propone la nueva Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno nacional.
Una de las principales organizaciones de inquilinos criticó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno. La agrupación advirtió que la iniciativa propone un esquema de «desalojos rápidos» sin precedentes en la región. «El proyecto establece el régimen de desalojo más agresivo de América Latina», aseguró Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, tras un análisis comparativo con legislaciones de otros países.
Según el informe de la organización, ningún país combina plazos tan cortos con un nivel tan bajo de garantías para el inquilino. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y presentada el 27 de marzo, comenzó a debatirse la semana pasada en un plenario de comisiones en el Senado, aunque el oficialismo aseguró que no habrá dictamen, al menos, hasta la próxima semana.
El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tiene como objetivo, según el texto, «eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica».
La iniciativa propone una reforma integral que abarca cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y ajustes en distintas leyes, entre ellas la de tierras rurales y la de manejo del fuego. Uno de los puntos centrales impacta en los desalojos, buscando que sean más rápidos y simplificando trámites. El texto establece que todos los procesos, tanto por falta de pago como por intrusión, pasen a tramitarse mediante juicio sumarísimo, el procedimiento más rápido del sistema judicial argentino.
Para la agrupación de inquilinos, estos cambios inclinan la balanza de manera decisiva hacia los propietarios. Principalmente, porque no se contempla la posibilidad de frenar el desalojo pagando la deuda. «El Gobierno quiere que se vote una ley en donde si una familia se atrasa tres días en el pago del alquiler es desalojada de inmediato», sostuvo Muñoz.
El cuestionamiento también vincula el proyecto con el contexto económico y la dinámica actual del mercado de alquileres. Según su mirada, se configura un escenario complejo para los inquilinos, con contratos más cortos y un deterioro del ingreso real. En paralelo, anticipó un posible cambio regulatorio futuro: «Cuando esto genere consecuencias, otro gobierno va a tener que volver a impulsar una ley de alquileres». Mientras el Gobierno apuesta a acelerar los desalojos, los inquilinos advierten sobre el posible costo social.