La Comisión de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito analiza propuestas que van desde la prohibición total hasta la formalización cooperativa y la modernización del sistema vigente, en busca de una solución a los conflictos en el espacio público.
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba inició un debate legislativo sobre el futuro de los trabajadores conocidos como «naranjitas». Se presentaron casi una decena de proyectos de ordenanza con enfoques distintos para abordar la problemática en el espacio público. La Comisión de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito, presidida por el concejal Marcos Vázquez, será la encargada de articular las propuestas.
Tres iniciativas concentran los principales ejes de la discusión. Una plantea la prohibición total de la actividad. Otra propone un programa social con cooperativas formalizadas y tecnología de control. La tercera, impulsada por Vázquez, busca modernizar el sistema ya vigente incorporando pago digital, cupo de género y sanciones más claras.
La propuesta del concejal Marcos Vázquez (bloque Hacemos Unidos por Córdoba) modifica la Ordenanza N° 10.425, que regula el estacionamiento controlado, sin derogarla. Amplía las zonas habilitadas y extiende la franja horaria del servicio. Establece que el precio lo fijará el Departamento Ejecutivo Municipal, contemplando opciones de pago digital. Mantiene el sistema de concesión a ONGs y cooperativas, e incorpora un cupo mínimo del 30% para mujeres y diversidades en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Además, obliga a los trabajadores a recibir formación en comunicación, primeros auxilios y seguridad vial. El proyecto también incorpora al Código de Convivencia Ciudadana una sanción para quien cobre sin autorización o por encima de la tarifa oficial.
En el otro extremo, la concejala Jessica Rovetto Yapur (Cordobeses por la Libertad) presentó el proyecto «Extorsión 0 en las Calles», que deroga la Ordenanza N° 10.425 y prohíbe en toda la ciudad el cuidado y la limpieza de vehículos en la vía pública. La iniciativa tipifica tres figuras: cuidador, limpiador y «organización previa». Establece sanciones económicas que se incrementan si se prueba organización previa o si la infracción ocurre cerca de eventos masivos. También apunta a posibles sanciones para funcionarios municipales que consientan la actividad. Para su aplicación, exige habilitar en la App Ciudadana una opción de denuncia inmediata.
El proyecto del concejal Diego Casado (Hacemos Unidos por Córdoba) propone crear el «Programa Auxiliares del Ordenamiento Urbano», un esquema de carácter social y cooperativo que convierte a los trabajadores informales en agentes de ordenamiento con uniforme oficial y credencial verificable. Sus funciones serían de asistencia, orientación y reporte de irregularidades, sin ejercer control, sanción o poder de policía. El programa priorizaría la inclusión de desocupados a través de cooperativas, con capacitación obligatoria. El cobro quedaría reservado exclusivamente a cooperativas habilitadas.
Los tres proyectos reflejan posiciones divergentes sobre cómo abordar una problemática que acumula denuncias de vecinos y turistas por conflictos en zonas de estacionamiento.