El Gobierno avanzó este viernes con la puesta a disposición de más de 300 empleados del INTA, INASE e INV, pese a que -horas antes- el Senado había rechazado por amplía mayoría el decreto que ordenaba reformas, disoluciones y reorganizaciones de organismos, entre ellos el INTI y el INTA.
En la sesión de este jueves en la Cámara alta, que se extendió entrada la madrugada del viernes con la votación por la emergencia pediátrica del Garrahan que terminó siendo otro revés para el oficialismo, Guadalupe Tagliaferri fue una de las últimas oradoras y alertó sobre la situación.
«Salgo un segundito del tema (del Garrahan). A las 18:05 este Senado le rechazó (al Gobierno) el decreto 462/25 de facultades delegadas respecto a lo que podía hacer en el INTA y en el INTI. A las 19:28, en esta ventanita entre que este Congreso le informa al Poder Ejecutivo, el Gobierno despidió a 367 trabajadores de estos organismos. Y en su gran mayoría son profesionales», cuestionó.
La senadora por CABA del PRO hacía referencia a la Resolución 1240/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, donde se informa la puesta a disposición de más de 300 empleados del INTA, INASE e INV.
Según señala el texto, afecta a «personal de planta permanente con estabilidad adquirida» como consecuencia de la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía; de la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE); y de la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa en el ámbito de la citada Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
«Limítase toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta con relación al personal del ex INASE, del INV, y INTA, desde el dictado de la presente medida», agrega el documento.
Cerca de la 1.30, media hora después de la finalización de la sesión en el Congreso, la diputada kirchnerista Julia Strada se volcó a sus redes sociales y acusó de «ilegal» el documento firmado por Caputo.
Cuando el mes pasado el Gobierno publicó el decreto 462, por el cual modificó a fondo cinco organismos estatales relacionados a lo agropecuario, el caso que generó más debate fue el del INTA, que goza de una alta estima en la opinión pública, en sentido federal, aunque entre los que lo apoyan y reconocen sus méritos avalan la necesidad de cambios.
El Gobierno focalizó sus argumentos reformistas en la dotación del INTA: «6059 agentes» y un presupuesto anual aproximado de «$229.000 millones».
“El INTA, una de las entidades más emblemáticas del país, se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial”, expusieron en un comunicado oficial.