En los últimos años, muchos argentinos notamos que el monto que pagamos por la patente de nuestros autos resulta exagerado. Esta percepción no es casual: las provincias y la Ciudad de Buenos Aires están fijando valores fiscales de los vehículos muy por encima de su valor de mercado.
¿Qué está pasando?
La patente que pagamos se calcula sobre una “valuación fiscal”, que no siempre se basa en el precio real del vehículo. En muchos casos, esta estimación se realiza con criterios que no reflejan ni la condición ni el valor real del auto, como los valores de aseguradoras o publicaciones del rubro automotor.
Esto provoca situaciones absurdas: autos similares, pero de distintos años, pueden tener diferencias de patente sin justificación clara. Incluso se han dado casos donde se paga más por un vehículo más viejo. A esto se suma la falta de criterios unificados entre distintas jurisdicciones, como entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia.
¿Cuál es el problema de fondo? El valor sobre el que se calcula la patente es “presunto”, es decir, se asigna de forma general para todos los autos de la misma marca, modelo y año, sin importar cuánto pagó realmente cada propietario. Eso ignora la verdadera capacidad de pago de cada contribuyente.
Además, al valor del vehículo se le suman impuestos como el IVA o los impuestos internos. Esto genera una especie de doble imposición: se paga un tributo (la patente) sobre otros tributos ya incluidos en el precio del auto.
Peor aún, cuando algunos impuestos bajan o se eliminan, como pasó con el Impuesto PAIS, esos cambios no se reflejan en la tabla fiscal del mismo año.
¿Qué se puede hacer?
Para que las patentes sean más justas, se proponen algunas soluciones:
- Excluir impuestos como el IVA e internos del valor fiscal sobre el que se calcula la patente.
- Actualizar los valores fiscales si durante el año cambian los impuestos nacionales que afectan al precio del auto.
- Permitir reclamos: si alguien compró un vehículo por debajo del valor fiscal estimado (sin contar los impuestos), debería poder presentar una objeción.
- Simplificar los trámites para reclamar, evitando que los ciudadanos tengan que pagar montos que no reflejan su verdadera capacidad económica.
Mientras tanto, recordemos que todos los ciudadanos tienen derecho a reclamar cuando consideran que un tributo es injusto o indebido.
Eliseo Devoto es abogado y consultor jurídico de Lisicki, Litvin & Abelovich
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Sobre la firma
Eliseo Devoto
Abogado. Consultor jurídico de Lisicki, Litvin y Abelovich (LLyA)
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