La reunión bilateral en la Casa Blanca entre Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva marcó un acercamiento inesperado en torno a la cooperación en minerales críticos, en medio de la competencia estratégica con China.
La carrera por los minerales críticos está llevando a una alianza improbable entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil. Eso quedó claro en su reunión bilateral en la Casa Blanca la semana pasada, donde la cooperación en tierras raras generó sonrisas y promesas de vínculos más estrechos.
Para Trump, quien se prepara para un viaje clave a China, fue una forma de mostrar a Pekín que EE.UU. recupera la iniciativa en la mayor economía de América Latina y mejora su acceso a recursos naturales centrales en la lucha por las cadenas de suministro. En un año electoral difícil, Lula mejora la relación con Trump. Dada su profunda división ideológica y su larga historia de enfrentamientos, el acercamiento entre ambos es bienvenido.
Si hay un país capaz de ayudar a EE.UU. a reducir su dependencia de minerales estratégicos chinos, es Brasil, que alberga las mayores reservas de tierras raras del mundo después de China y cuenta con abundante energía renovable. En abril, USA Rare Earth Inc. anunció que acordó pagar US$2.800 millones en efectivo y acciones por Serra Verde Group, el único productor brasileño de tierras raras a escala comercial y con ambiciosos planes de expansión, lo que subraya la magnitud de esa oportunidad.
Aun así, hay que ser realista. La urgencia geopolítica puede ser enorme, pero Brasil no se convertirá en un gran proveedor de tierras raras de la noche a la mañana, ni siquiera en unos pocos años. Los mismos obstáculos regulatorios, las demoras en licencias ambientales y el nacionalismo de recursos siguen frenando al sector minero.
Los brasileños llevan décadas persiguiendo el sueño de las tierras raras. Escuché por primera vez sobre el potencial de estos metales especializados en 2011, cuando era un joven reportero cubriendo el sector de minería en Río de Janeiro. Olacyr de Moraes, pionero de la revolución de la soja en Brasil, acababa de anunciar un gran yacimiento en el oeste de Bahía. El entusiasmo era palpable. Una ola de startups buscó posicionarse como la primera campeona brasileña de tierras raras. La promesa parecía innegable: geología de clase mundial, una industria minera sofisticada y señales de que estos minerales serían clave para la transición energética y tecnológica. Sin embargo, casi ninguno de esos proyectos se concretó. Moraes murió pocos años después. Muchas iniciativas quedaron paralizadas por falta de capital o interés de inversionistas, y el entusiasmo se desvaneció.
Cada pocos años surgía una nueva iniciativa, solo para topar con obstáculos conocidos: volatilidad en precios, cambios políticos o falta de compradores. Pese a sus vastas reservas, la producción de tierras raras de Brasil es insignificante. La situación geopolítica en 2026 puede ser más apremiante, pero los problemas estructurales de la industria minera siguen arraigados.
El principal es la dificultad de ampliar las actividades extractivas en un país más rico y urbanizado, que cada vez mira con más desagrado a la minería. El escrutinio regulatorio se ha acrecentado por años, pero el colapso de dos represas de relaves de mineral de hierro en el estado de Minas Gerais en 2015 y 2019 —que dejó cientos de muertos— endureció las actitudes públicas y la supervisión legal. Hoy, una minera puede tardar entre cinco y diez años en obtener permisos en Brasil, lo que dificulta ejecutar nuevos proyectos. La burocracia y las disputas entre distintas agencias de gobierno también retrasan proyectos e incluso interrumpen instalaciones que ya están en operación.
Esta tensión entre proteger a comunidades y ecosistemas y promover una industria esencial para sectores estratégicos sigue en el centro del problema. El resultado es una creciente desconexión entre las ambiciones geopolíticas sobre minerales críticos —vitales para semiconductores, centros de datos e industria militar— y la realidad de las comunidades donde se ubican. “Los conflictos sociales aumentan porque las comunidades locales se resisten a proyectos que no entienden ni les generan beneficios”, dice Thiago Toscano, director ejecutivo de Itaminas Mineração. “La agenda global y las realidades locales no están alineadas, y esa desconexión retrasará proyectos, elevará costos y comprometerá los resultados que prometen los responsables de política. Mientras las empresas no logren conectar la narrativa global con avances locales concretos, cada nuevo proyecto enfrentará los mismos obstáculos y la agenda que tanto importa tardará cada vez más en producir resultados”.
Todo esto sin considerar el creciente nacionalismo de materias primas en Brasil. Cada vez que el país está por beneficiarse de un mayor interés internacional, el gobierno endurece las condiciones en nombre de la soberanía, incluso antes de que el auge productivo se materialice. Esto desalienta precisamente el tipo de inversión que las autoridades dicen querer atraer. Ahora vemos cómo esa historia se repite. Un nuevo proyecto de ley que daría al gobierno una influencia significativa en el sector minero avanza en el Congreso, generando incertidumbre entre los inversores.