El vicepresidente primero del Senado bonaerense busca garantizar el acceso a la alimentación para personas en situación de vulnerabilidad mediante una ley que tendría una vigencia de 18 meses.
Mario Ishii, vicepresidente primero del Senado bonaerense e intendente de José C. Paz en uso de licencia, presentó este lunes un proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires por un plazo de 18 meses.
La iniciativa establece como objetivo «garantizar el acceso a una alimentación adecuada, suficiente y nutritiva para personas en situaciones de vulnerabilidad social». El proyecto propone que la autoridad de aplicación sea designada por el Poder Ejecutivo y dispone un incremento «en forma inmediata y progresiva» de las partidas destinadas a comedores escolares, Servicios Alimentarios Escolares (SAE), comedores comunitarios, merenderos y programas de asistencia alimentaria directa.
Además, contempla la actualización automática bimestral de los montos asignados a estos programas «conforme al índice de precios al consumidor (IPC)» y la creación de un Fondo Provincial de Emergencia Alimentaria y Nutricional, integrado por partidas presupuestarias, aportes extraordinarios del Tesoro provincial, recursos de organismos nacionales e internacionales y donaciones.
El texto también prevé la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control, con representación de ambas cámaras legislativas, y establece que el Ejecutivo deberá remitir informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria, el alcance de los programas y la cantidad de beneficiarios.
En los fundamentos, Ishii sostuvo que la iniciativa apunta a dar respuesta a «la profunda crisis social imperante en la Provincia de Buenos Aires». Planteó que «resulta indispensable que el Estado provincial reasigne sus recursos con criterios de estricta prioridad social». El dirigente advirtió sobre el deterioro de las condiciones económicas y sociales, señalando que «la caída del poder adquisitivo resulta evidente» y que distintos relevamientos muestran una «contracción del salario real», lo que afecta la capacidad de los hogares para acceder a alimentos.
En ese marco, indicó que el acceso a una alimentación adecuada «ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en una situación estructural», con impacto especialmente en niños, adolescentes, adultos mayores y trabajadores informales. El documento también alerta sobre el endeudamiento de los hogares, citando un informe que señala que «el 91,7% de las familias argentinas se encuentra endeudada», en muchos casos para la compra de alimentos. A la vez, menciona la caída del consumo y el cierre de más de 33.500 pymes y comercios durante 2024, con efectos en el empleo y la actividad económica.
En el plano jurídico, el proyecto invoca normas constitucionales y tratados internacionales que reconocen el derecho a la alimentación. En ese sentido, sostiene que «la declaración de la emergencia alimentaria constituye una respuesta institucional urgente frente a un contexto de agravamiento del hambre y la desigualdad». «El hambre no admite dilaciones ni justificaciones macroeconómicas», concluye el texto, que solicita el acompañamiento legislativo para su aprobación.