En un contexto de precios internacionales elevados, la planificación energética y los pagos del Tesoro revelan la convivencia de estructuras estatales heredadas con las nuevas políticas de ajuste y desregulación.
En el último viernes de marzo, con el persistente conflicto en Medio Oriente como telón de fondo, Marcelo Corda, apoderado de la empresa pública Enarsa, envió una nota a la compañía administradora del mercado eléctrico (Cammesa) para conocer el volumen de gas necesario para la generación de energía en mayo. Este pedido respondía a una solicitud del Gobierno nacional, que debe planificar las compras en un escenario de precios altos debido al contexto bélico internacional. La situación obliga a todos los actores de la cadena a evaluar con mayor detenimiento cada decisión.
Este hecho pone de relieve algunos desafíos para la implementación de un nuevo modelo económico en medio de un escenario complejo. Si bien el equipo del Ministro de Economía, Luis Caputo, había mostrado interés en desregular el sector a esta altura del año, ahora se analiza la posibilidad de que Enarsa realice las primeras compras hasta que el sector privado se decida a participar. Cabe recordar que Enarsa fue creada durante la gestión de Néstor Kirchner, permanece bajo control estatal y algunos de sus activos más importantes están en proceso de venta. A pesar de esto, la empresa continúa desempeñando un rol dentro de la estructura gubernamental de Javier Milei.
Un análisis de las cuentas públicas muestra que el intervencionismo estatal precedente a la administración actual mantiene una presencia significativa a través de los pagos que realiza el Tesoro Nacional. El año pasado, la organización que más fondos recibió fue Cammesa, para cubrir sus necesidades financieras en el mercado eléctrico. Los registros de pagos de Tesorería muestran otras particularidades: los primeros beneficiarios son empresas estatales, como las encargadas de los ferrocarriles, el Correo Argentino y Yacimientos Río Turbio, todas adquiridas por el sector público en gestiones anteriores. Para reforzar este panorama, las primeras empresas privadas en la lista son las petroleras, que reciben subsidios a través del Plan Gas, una iniciativa de fomento a la producción que también se originó en gobiernos previos.
Este mapa de pagos no describe un modelo en retirada, sino uno que funciona en paralelo con las nuevas políticas, en una transición que aún no ha encontrado reemplazos definitivos para todas las estructuras estatales.
En otro ámbito, la Casa de Moneda, la imprenta pública de billetes, atraviesa un proceso de reestructuración. El Gobierno había anunciado su liquidación el año pasado, decisión que luego fue reconsiderada. En la práctica, la empresa dejó de fabricar la mayor parte de los billetes, que ahora se importan principalmente desde China, y se busca redefinir su funcionamiento.
En este contexto, surgió una propuesta inesperada. De La Rue, una empresa británica que imprime la libra esterlina, enfrentó un cuello de botella productivo tras la sucesión real en el Reino Unido. Para cumplir con sus compromisos, buscó en el mundo imprentas con capacidad para fabricar billetes y llegó a la Casa de Moneda argentina. Ya se han producido intercambios de correos electrónicos y visitas de representantes ingleses a funcionarios locales, con la posibilidad de un negocio por 50 millones de billetes.
Sin embargo, fuentes cercanas a la Casa Rosada indican que la voluntad del Gobierno es avanzar con la privatización de la Casa de Moneda. La Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal, analizó la posibilidad de hacerlo mediante un instrumento legal de los años 90, pero el consenso oficial actual apunta a que lo más apropiado sería una nueva ley. No obstante, se especula que el Gobierno evaluaría si vale la pena llevar esta discusión al Congreso en un momento donde las prioridades legislativas son otras, una situación similar a la que atraviesa el debate sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas.