En el marco de la causa por desvío de fondos en la Legislatura bonaerense, uno de los imputados admitió su responsabilidad. La fiscalía elevó las penas solicitadas para los principales acusados, mientras avanza la etapa previa al juicio oral.
Uno de los imputados en la causa conocida como caso «Chocolate» Rigau, por presuntas irregularidades en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, aceptó someterse a un juicio abreviado y recibió una condena de tres años de prisión en suspenso. La causa, ya elevada a juicio oral, investiga una maniobra en la que se habrían cobrado sueldos de empleados «fantasma» o «ñoquis».
El acuerdo fue admitido por Antonio Rodríguez, a través de su defensor, durante una audiencia convocada por la fiscal Viviana Arturi. El objetivo de la fiscalía es reducir la cantidad de imputados que lleguen a juicio, que superan los cincuenta entre funcionarios y supuestos «ñoquis».
Para los considerados cabecillas de la presunta maniobra, la fiscalía adelantó que solicitará penas de hasta seis años y cuatro meses de prisión. En el caso de Claudio Albini, exsubdirector de personal de la Legislatura, se pedirían seis años y cuatro meses. Para su hijo, el exconcejal Facundo Albini, la pena solicitada sería de cuatro años y tres meses. A Julio «Chocolate» Rigau, señalado como el operador, le corresponderían cinco años y seis meses.
Según un informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, el perjuicio neto para la provincia de Buenos Aires durante 2022 y 2023 ascendería a al menos $395,4 millones, sujeto a actualización por inflación. Las investigaciones señalan que el desvío de fondos podría ser mayor y extenderse a períodos anteriores.
Otros acusados exploraron alternativas como la probation o la reparación del daño económico, propuestas que fueron rechazadas por la fiscalía. El tribunal fijó una nueva audiencia para el 30 de abril, donde se escucharán las propuestas de solución y se debatirán cuestiones preliminares al juicio.
La investigación también reveló intentos de los imputados por deshacerse de bienes, como una mansión en un barrio cerrado de la ruta 2, mediante una venta simulada. Los chats intervenidos a Rigau muestran el mecanismo de rendición de cuentas y el control del dinero desviado.