La gestión de Claudio Tapia y Pablo Toviggino al frente de la Asociación del Fútbol Argentino es objeto de un procesamiento penal por evasión fiscal y de otras causas por lavado de activos, mientras también se revisa su legitimidad administrativa.
La gestión de Claudio «Chiqui» Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra bajo escrutinio en varios frentes judiciales y administrativos. La situación más reciente y de mayor impacto penal es el procesamiento dictado por el juez federal Diego Amarante a fines del mes pasado, por una presunta evasión fiscal de aproximadamente 19.000 millones de pesos. La investigación se centra en la retención indebida de aportes previsionales de empleados y su depósito tardío, lo que habría permitido a la AFA utilizar esos fondos en operaciones financieras.
Como medida cautelar, el magistrado impuso un embargo de 350 millones de pesos a cada uno de los directivos y les prohibió la salida del país. Paralelamente, avanza una investigación por lavado de dinero que vincula a la cúpula de la AFA con la firma Sur Finanzas, cuyo dueño, Ariel Vallejo, es allegado a Tapia. Esta empresa fue sponsor de la entidad y de varios clubes.
Otra línea de investigación examina la adquisición de una propiedad de lujo en Pilar, que estaría vinculada a Toviggino a través de testaferros, así como la compra de automóviles de alta gama. La Justicia busca determinar el origen lícito o ilícito de los fondos utilizados.
En el ámbito administrativo, la Inspección General de Justicia (IGJ) había intentado frenar la asamblea de octubre de 2024 donde Tapia fue reelegido, considerándola «irregular». Si bien un fallo inicial de la Cámara Civil validó la elección, Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, solicitó ante la IGJ su anulación, lo que pone en duda la legitimidad del mandato.
Otro punto de controversia es la decisión de la AFA de no renovar el contrato de televisación del fútbol de ascenso con Torneos (Grupo Clarín), otorgando los derechos a su propia plataforma, AFA Play.
De confirmarse el procesamiento y elevarse a juicio oral, el estatuto de la AFA podría forzar una intervención o un llamado a elecciones anticipadas en la entidad.