El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) cuestiona la modificación de la norma, argumentando que es regresiva, debilita la protección ambiental y transferiría a las provincias la decisión sobre áreas protegidas.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) se manifestó en contra de la reforma a la Ley de Glaciares que se debatirá en la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobada, Ferraro anticipó que la norma será judicializada por considerarla inconstitucional, al vulnerar, a su criterio, los presupuestos mínimos de protección ambiental.
El legislador fundamentó su rechazo en tres ejes principales. En primer lugar, sostuvo que la reforma implica una modificación encubierta del artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece la necesidad de leyes de presupuestos mínimos para la protección del ambiente. En segundo término, argumentó que la ley vigente no ha sido un obstáculo para las inversiones mineras, citando un crecimiento del 270% en dichas inversiones entre 2015 y 2025 en comparación con el período 2001-2009, previo a la sanción de la ley.
«Esta reforma pareciera estar claramente redactada por el regulado, que en este caso son muchas empresas mineras», afirmó Ferraro, haciendo especial referencia al artículo 3 bis del proyecto. Dicho artículo establece que el ambiente glaciar y periglaciar estarán protegidos «hasta que» las autoridades de aplicación determinen que no son reservas hídricas estratégicas.
Respecto a los argumentos de los impulsores de la reforma, quienes sostienen que busca avanzar en estudios técnicos para precisar qué geoformas contienen agua, Ferraro respondió que se debilita la institucionalidad científica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientes (IANIGLA). «Ahora las autoridades de aplicación serán las provincias, que podrán determinar qué áreas tienen relevancia hídrica», explicó, planteando dudas sobre quién realizará los estudios de impacto ambiental.
El diputado también cuestionó el argumento de la «seguridad jurídica» y el dominio provincial sobre los recursos naturales. Señaló que, además de los minerales, los recursos hídricos que nacen en áreas glaciares son interjurisdiccionales y que la reforma no soluciona este punto. «Este es uno de los puntos más débiles del proyecto», afirmó.
Finalmente, Ferraro advirtió sobre el riesgo de que se genere una falta de uniformidad en los criterios de protección entre provincias, lo que podría derivar, según sus palabras, en un «dumping ambiental». «Vamos hacia una competencia entre las provincias mineras para ver cuál saca más rápido del inventario a un glaciar», concluyó.