Un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires impulsa cambios en la normativa que limita la reelección, con el objetivo de habilitar nuevos mandatos. La discusión incluye un posible recurso judicial y un paquete de reformas políticas.
En la provincia de Buenos Aires, un número significativo de intendentes de distintos partidos políticos impulsa modificaciones a la ley que regula la reelección en los cargos ejecutivos municipales. La normativa vigente, sancionada en 2016 durante la gestión de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, establece que los intendentes pueden ser reelegidos por un solo período consecutivo y, para postularse nuevamente, deben esperar un mandato completo.
Según fuentes legislativas, unos 80 intendentes no podrían presentarse a la reelección en los comicios del año próximo si se mantiene la regla actual. Ante esta situación, un grupo de dirigentes evalúa dos estrategias: impulsar una reforma en la Legislatura bonaerense o recurrir a la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la ley vigente.
La ley original fue modificada en dos oportunidades. En una primera instancia, se estableció que se consideraría como un mandato completo si el intendente había ejercido el cargo por más de dos años, lo que permitió a algunos funcionarios tomar licencias estratégicas para eludir la restricción. Posteriormente, se ajustó el cómputo del primer período, permitiendo que algunos intendentes acumularan más de ocho años consecutivos en el cargo.
En el marco de esta discusión, se menciona un posible paquete de reformas que incluiría la reelección indefinida, la derogación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la implementación de la Boleta Única de Papel, el desdoblamiento de los comicios y la ley de ficha limpia. Estas iniciativas reflejan un intercambio de apoyos entre distintos sectores políticos.
Quienes defienden la reelección indefinida argumentan que es la ciudadanía quien decide en las urnas. Sin embargo, críticos de esta postura señalan que la falta de alternancia y el control de recursos estatales por parte de los oficialismos pueden distorsionar la competencia electoral. La discusión de fondo, según analistas, gira en torno a la calidad institucional y la necesidad de garantizar reglas claras y estables para el sistema democrático.