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Un informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) señala que existen elementos para creer que en El Salvador se cometen crímenes de lesa humanidad, en el marco del régimen de excepción vigente desde 2022.
El Salvador ha implementado desde marzo de 2022 un régimen de excepción que se ha prorrogado en 49 ocasiones. En este contexto, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES), respaldado por organizaciones como InterJust, publicó un informe que concluye que existe una base razonable para creer que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en el país centroamericano.
El informe documenta más de 89.000 detenciones en el marco del régimen, con serias preocupaciones sobre el respeto al debido proceso. El propio presidente salvadoreño reconoció que al menos 8.000 de los detenidos eran inocentes. Además, se registran 403 muertes bajo custodia estatal, incluidos niños, y al menos 540 desapariciones forzadas.
La reforma penal que introduce la cadena perpetua para menores desde los 12 años, aprobada recientemente, ha sido cuestionada por organismos internacionales por su impacto en los derechos de la niñez. Para los expertos, esta medida refuerza una tendencia hacia el endurecimiento penal y el debilitamiento de los controles institucionales.
El informe del GIPES analiza estos hechos como parte de dos ataques distintos pero conectados, que podrían encajar en la categoría de crímenes de lesa humanidad. La respuesta del Ejecutivo salvadoreño se ha centrado en desacreditar a las organizaciones que respaldan el informe, sin discutir sus conclusiones jurídicas.
El derecho internacional exige a los Estados proteger a la población frente a la criminalidad, pero prohíbe hacerlo mediante detenciones arbitrarias masivas, tortura, desapariciones forzadas o la destrucción de garantías judiciales. Cuando estos patrones se repiten, la discusión trasciende la política criminal y se convierte en una cuestión de derecho internacional penal.
La jurisprudencia internacional contempla la jurisdicción universal como una herramienta para que jueces de otros países investiguen y juzguen graves violaciones de derechos humanos, independientemente del lugar donde se hayan cometido. Este mecanismo ya ha sido activado en situaciones similares en Ucrania y Venezuela.