El tribunal escuchará argumentos el 11 de mayo para determinar qué juez investiga a dirigentes de la AFA por administración fraudulenta y lavado de dinero.
La Cámara Federal de Casación Penal convocó a una nueva audiencia para el 11 de mayo, con el objetivo de escuchar los argumentos de las partes y definir qué juez debe investigar al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por administración fraudulenta y lavado de dinero en relación con la mansión de Pilar. La propiedad, de cinco hectáreas, cuenta con pista ecuestre y helipuerto, y está valuada en 20 millones de dólares.
La decisión fue tomada por los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma, quienes también confirmaron al fiscal de Casación Mario Villar al frente del caso. La permanencia de Villar había sido cuestionada por el monotributista y dirigente de fútbol Luciano Pantano y su madre Ana Conte, quienes figuran como titulares de la sociedad Real Central, dueña de la casona.
Tras la audiencia del 11 de mayo, los jueces deberán resolver qué tribunal es competente para investigar el caso. Las opciones son: el juez federal de Campana, Adrián González Charbay (como prefiere la AFA); el juez federal Daniel Rafecas (como opina el fiscal Villar); o el juzgado en lo penal económico 10, a cargo de Verónica Straccia, ya que venció la subrogancia de Marcelo Aguinsky.
La causa se encuentra en la Sala I de la Cámara de Casación desde el 18 de febrero sin que se resuelva esta cuestión de competencia. En el proceso, el camarista Carlos Mahiques dejó la suplencia después de que se publicara que festejó su cumpleaños en la casona de Pilar, hecho que él negó. Su colega Daniel Petrone se excusó de votar por compartir actividades sociales y escolares con Javier Faroni, administrador de fondos de la AFA en el exterior y uno de los acusados de fraude.
La jueza Ángela Ledesma fue recusada por Elisa Carrió el 10 de abril, justo el día en que se había convocado a una audiencia similar. La audiencia se suspendió y los jueces rechazaron la recusación. También se sumó al caso el juez Mariano Borinsky. Todos estos movimientos, sumados a la recusación del fiscal Villar y las apelaciones de la defensa de Pantano, retrasaron la definición del tribunal.
Carbajo, Ledesma y Borinsky rechazaron el planteo de recusación de Villar. El pedido de apartamiento del fiscal fue interpuesto por la defensa, que consideró que perdió objetividad y denunció filtraciones a la prensa. Carbajo señaló que la recusación es un mecanismo de excepción y de interpretación restrictiva, y que no se verificaban los supuestos previstos. Ledesma coincidió, y Borinsky sostuvo que no se demostró la pérdida de objetividad.
Mientras se definen estas cuestiones procesales, el juez de Campana sigue avanzando: dispuso un peritaje sobre la contabilidad de la AFA para investigar el fraude y determinar si se alteraron los registros informáticos. También encargó un nuevo peritaje sobre la mansión de Pilar para conocer el costo de su construcción y la compra de medio centenar de autos de colección y alta gama hallados en un galpón.
En paralelo, el juez de la Cámara del Crimen, Ignacio Rodríguez Varela, que tenía la causa de fraude y desvío de fondos, consideró que es la Corte Suprema la que debe definir la competencia y le envió esa parte del caso. El fiscal Villar vinculó la investigación con una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre 2021 y 2025, canalizando fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero, bajo el pretexto del cepo cambiario y con comisiones del 30%.