Mientras avanza el plan para reforzar la frontera con México, habitantes de localidades texanas alzan su voz por posibles afectaciones a sus propiedades y al medio ambiente.
En el marco de la iniciativa impulsada por la administración de Estados Unidos para extender el muro fronterizo y colocar barreras fluviales en la frontera con México, residentes del lado estadounidense han manifestado su preocupación. El plan, comunicado en las últimas semanas, busca disuadir la inmigración indocumentada mediante la construcción de nuevos tramos de muro y la instalación de boyas en el Río Grande.
Entre los afectados se encuentra Elsa Hull, residente de San Ygnacio, en el condado de Zapata (Texas), quien mantiene un conflicto para evitar que topógrafos ingresen a su propiedad de tres acres, donde además de su vivienda tiene un santuario de aves. Debido a la proximidad de su terreno al Río Grande, la ampliación del muro podría situarse junto a su propiedad, e incluso la zona de vigilancia podría extenderse hasta su patio o vivienda.
En la ciudad de Laredo, Ricardo De Anda enfrenta una situación similar, ya que el gobierno de EE.UU. requiere parte de su terreno para la obra. De Anda declaró que espera una oferta de compra y no descarta llevar el caso a la justicia si no se llega a un acuerdo.
Paralelamente, la instalación de una barrera de boyas en el Río Grande ha generado críticas de especialistas. Bekah Hinojosa, cofundadora de la Red de Justicia Ambiental del Sur de Texas, alertó sobre los riesgos ambientales y el daño al entorno natural. Mark Tompkins, especialista contratado por un grupo ambientalista de Laredo, advirtió sobre el peligro de que las boyas se suelten y provoquen incidentes.
Asimismo, la ampliación del muro ha sido cuestionada por sus posibles impactos ambientales y culturales. Según reportes, residentes argumentan que la estructura dañaría un paisaje considerado sagrado y afectaría negativamente al turismo local.