El Departamento de Estado anunció una política más estricta para negar visas a personas que, según su criterio, realicen actividades adversas a sus intereses en la región. Las medidas iniciales afectan a 26 individuos.
WASHINGTON.– Estados Unidos anunció este jueves un endurecimiento de su política de visados para América Latina y el Caribe, que afecta en un primer momento a 26 personas, sin detallar nombres ni nacionalidades.
En un comunicado, el Departamento de Estado indicó que el gobierno «negará a las potencias adversarias la capacidad de poseer o controlar activos vitales o de amenazar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos en nuestra región», expandiendo de manera significativa su política de restricción de visas.
Esta política ampliada «nos permite restringir las visas estadounidenses de nacionales de países de nuestra región que financien, proporcionen apoyo significativo o lleven a cabo actividades que sean adversas a los intereses de Estados Unidos en nuestro hemisferio», añadió el texto. Entre las actividades mencionadas se incluyen permitir que potencias adversarias adquieran o controlen activos clave, desestabilizar los esfuerzos de seguridad regional, socavar intereses económicos estadounidenses y realizar operaciones de influencia para afectar la soberanía y estabilidad de naciones de la región.
«Hemos tomado medidas para imponer restricciones de visa a 26 personas en todo nuestro hemisferio que han participado en estas actividades», señaló el comunicado, agregando que la administración utilizará «todas las herramientas disponibles» para proteger sus intereses de seguridad nacional.
El gobierno estadounidense ha utilizado en varias ocasiones la prerrogativa de otorgar o retirar visados. Un caso destacado fue el del presidente colombiano Gustavo Petro, a quien se le retiró la visa en 2024 tras su participación en una manifestación en Nueva York, aunque posteriormente fue restituida en el marco de una normalización de relaciones.
Otro caso mencionado fue la revocación en febrero pasado de los visados de tres funcionarios chilenos no identificados, acusados de autorizar o financiar actividades que «comprometieron la infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional», una acusación que el gobierno chileno de entonces negó categóricamente.
El Departamento de Estado no ofreció más detalles sobre los actuales involucrados, citando motivos de confidencialidad.