La designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia abre un escenario de disputas internas por la sucesión en la Procuración General de la Nación, en un contexto de investigaciones judiciales sensibles.
La designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia ha generado un complejo escenario de tensiones dentro del Poder Judicial, centrado en la futura sucesión del procurador general de la Nación. Según análisis políticos, esta movida ha desencadenado una serie de maniobras y contramaniobras entre diversas figuras del oficialismo y la justicia.
Mahiques, apuntado como candidato a procurador, enfrentaría como primer obstáculo la oposición del juez Ariel Lijo, quien también aspiraría al cargo. Desde el Ejecutivo se sospecha que Lijo podría acelerar investigaciones sensibles, incluyendo causas por enriquecimiento ilícito que involucrarían a figuras del gobierno.
El contexto se enmarca en un proceso más amplio de cobertura de más de 200 vacantes en el fuero federal, lo que convierte al Ministerio de Justicia en un espacio de disputa clave. La situación se vio afectada por los resultados electorales del 26 de octubre, que modificaron las estrategias políticas iniciales y descartaron a otros posibles candidatos como Sebastián Amerio.
Uno de los puntos críticos es la implementación del sistema acusatorio, cuya suspensión es la medida más relevante tomada por Mahiques hasta el momento. Este sistema otorgaría a los fiscales federales el control de causas por narcotráfico, lavado y corrupción, concentrando un poder significativo que está en juego.
Paralelamente, se informa que una prioridad para el ministro sería negociar una tregua con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), involucrada en denuncias por retención indebida de aportes previsionales. Este proceso podría ser complejo, dado que la Cámara en lo Penal y Económico rechazó pedidos de sobreseimiento.
La trama también involucra a otras figuras como Ignacio Jakim, vinculado a Mahiques y denunciado por el mismo delito que los directivos de la AFA, y al juez Luis Armella, quien se resiste a indagatorias solicitadas por la fiscal Silvia Cavallo, exesposa de Ariel Lijo. Las designaciones en tribunales, como la de Pablo Wilk, añaden más capas a este entramado de influencias y sospechas.
Expertos consultados advierten que saldar estas diferencias internas mediante denuncias judiciales podría ser riesgoso, ya que la legitimidad del eventual ganador dependería en exceso de poderes ajenos a los vaivenes políticos inmediatos.