El destino de los fondos para cerrar la brecha digital genera un debate entre las pequeñas empresas de telecomunicaciones, que reclaman su ejecución inmediata, y el organismo regulador, que busca modificar el esquema histórico de asignación.
El mercado de las telecomunicaciones en Argentina enfrenta un escenario de tensión entre la necesidad de inversión en infraestructura y la gestión de fondos públicos destinados a reducir la brecha digital. En el centro de la discusión se encuentra el Fondo de Servicio Universal (FSU), que acumula recursos significativos mientras el despliegue de redes continúa siendo desigual en el territorio nacional.
Si bien el Decreto 6/2025 disolvió el fideicomiso que administraba el fondo, la obligación de las operadoras de aportar el 1% de su facturación bruta se mantiene vigente. Este mecanismo genera un flujo constante de ingresos que, para 2025, proyecta programas por más de $22.000 millones orientados a conectividad y barrios populares del RENABAP. A esta cifra se suma una disputa por deudas pendientes que superan los $4.500 millones, reclamados originalmente por la Auditoría General de la Nación (AGN) a Telecom y Telefónica, más intereses y montos no detectados en auditorías anteriores.
La crítica más directa proviene de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del sector. Lucio Gamaleri, presidente de Red Intercable, advirtió en un panel moderado por el subsecretario de Simplificación, Héctor Huici, que los fondos del FSU «no están disponibles para su uso efectivo» y reclamó un esquema que priorice su ejecución. Desde la visión de las PyMEs y cooperativas, la falta de ejecución impacta directamente en la expansión del servicio en zonas donde los grandes operadores no invierten, poniendo en riesgo la diversidad del ecosistema frente a la concentración del mercado.
Por su parte, el ENACOM busca modificar el esquema histórico de asignación de fondos. El organismo pretende avanzar desde los Aportes No Reembolsables (ANR) hacia un sistema basado en préstamos con repago y evaluación crediticia, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Un ejemplo reciente fue la adquisición de obligaciones negociables por $10.000 millones para financiar PyMEs TIC con proyectos viables. Sin embargo, este cambio genera resistencia en el interior del país, donde muchas empresas advierten que los requisitos crediticios pueden limitar el acceso al financiamiento en regiones con escasa inversión privada.
Mientras tanto, la brecha de conectividad sigue siendo evidente. Mientras los centros urbanos avanzan hacia velocidades de gigas por segundo, amplias zonas del interior dependen de que estos fondos se traduzcan en infraestructura concreta. En contraste, empresas como Telecom y Claro avanzan con planes de modernización de redes y despliegue de fibra óptica en áreas estratégicas.
El desafío para la gestión actual consiste en equilibrar dos objetivos: mejorar la eficiencia y transparencia en la asignación de recursos, y responder al reclamo de las PyMEs que exigen la activación inmediata del FSU para sostener la expansión de redes en todo el país.