El ministro de Economía aseguró que no hay irregularidades en los préstamos, que fueron cuestionados por la oposición, y afirmó que las condiciones son iguales para todos los clientes.
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este domingo que funcionarios del Gobierno y legisladores de La Libertad Avanza (LLA) hayan accedido a créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina (BNA). Esto ocurre en medio de un pedido de investigación que impulsó la oposición en el Congreso el miércoles pasado.
“No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, dijo el ministro en una entrevista con Luis Majul en La Cornisa (LN+), donde además afirmó que él mismo incentivó el uso de estas líneas crediticias.
Las declaraciones llegan después de que el diputado socialista Esteban Paulón presentara un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo y el banco estatal den explicaciones sobre préstamos otorgados a funcionarios y dirigentes oficialistas por montos elevados.
Entre los casos que trascendieron figuran dos funcionarios del equipo económico: el secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un crédito de más de $367 millones, y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, con un préstamo inicial cercano a los $373 millones.
Caputo rechazó cualquier irregularidad y aseguró que las condiciones son iguales para todos los clientes. “Las tasas, los plazos y los montos son los mismos. Están sujetos al ingreso y al análisis crediticio”, explicó. También sostuvo que es lógico que los funcionarios recurran al Nación: “Cobramos el sueldo ahí y es el banco que más créditos hipotecarios da”.
Según el ministro, la entidad otorgó más de 27.000 préstamos y los casos vinculados a funcionarios representan “menos del 0,2%”. “Es absolutamente normal que un funcionario acceda a un crédito. Es totalmente legal y moral”, insistió.
En paralelo, el Banco Nación defendió su operatoria y afirmó que el proceso es “homogéneo, sin excepciones”. No obstante, desde 2024 existe una línea específica para empleados del sector público, con condiciones más favorables —como un mayor porcentaje de financiamiento—, lo que abrió el debate sobre si los funcionarios políticos deben ser considerados dentro de ese universo.