Una corte de apelaciones anuló la sentencia que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares a Burford Capital. La decisión se basó en la interpretación del derecho argentino.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó sin efecto la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. La decisión fue recibida con beneplácito por diversos sectores políticos del país y reactivó el análisis sobre los fundamentos jurídicos del fallo.
El tribunal, que ya había rechazado una medida cautelar de la jueza Loretta Preska, está integrado por tres magistrados nominados por presidentes demócratas. Denny Chin, autor de la opinión mayoritaria, nació en Hong Kong y fue designado por Bill Clinton y ascendido por Barack Obama. En su argumentación, consideró que los estatutos de YPF no generaban obligaciones contractuales exigibles contra el Estado argentino según la ley local, basándose así en el derecho argentino.
Beth Robinson, nominada por Joe Biden, nació en Pakistán y fue una figura clave en la legalización del matrimonio igualitario en Vermont. Su voto acompañó la línea de Chin, señalando que la jueza de primera instancia no interpretó adecuadamente la ley argentina.
José A. Cabranes, nacido en Puerto Rico y nombrado por Jimmy Carter, fue el único disidente y avaló el razonamiento original de Preska. Su postura podría servir de base para un eventual recurso del fondo Burford Capital.
El fallo centra el debate en la interpretación jurídica y los mecanismos del sistema legal estadounidense, sin atribuir causas políticas definitivas a la decisión.