El presidente Donald Trump destituyó a la fiscal general Pam Bondi, aparentemente por su insatisfacción con el manejo de casos judiciales contra figuras políticas opositoras. Repasamos los puntos clave de su controvertida gestión al frente del Departamento de Justicia.
El presidente Donald Trump anunció la salida de la fiscal general Pam Bondi de su gabinete. Según comunicaciones públicas, el descontento del mandatario habría estado vinculado a la percepción de que el Departamento de Justicia no avanzó con suficiente celeridad en procesos judiciales contra algunas de sus figuras opositoras, como el exdirector del FBI James Comey o la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Durante su gestión, el Departamento de Justicia presentó casos contra estas figuras que fueron desestimados por los tribunales, aunque se presentaron apelaciones. Paralelamente, se mantienen investigaciones, como una a cargo de un gran jurado federal en Florida que apuntaría a funcionarios de la era Obama vinculados a la pesquisa sobre Rusia y la campaña de Trump en 2016.
La gestión de Bondi al frente del organismo ha sido objeto de críticas desde diversos frentes. Su manejo del caso Jeffrey Epstein generó un inusual consenso bipartidista en el Congreso, que aprobó una ley para forzar la divulgación de archivos del Departamento sobre el caso.
En materia de políticas, analistas señalan un cambio de prioridades durante su mandato. Se reportó una caída en la carga total de casos y en el número de fiscales. El Departamento habría reorientado recursos hacia la aplicación de políticas migratorias, en detrimento de la persecución de otros delitos, como los de cuello blanco. Incluso se habría suspendido la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Además, la histórica División de Derechos Civiles, ahora bajo el mando de Harmeet Dhillon, habría cambiado su enfoque tradicional, priorizando el combate a políticas «progresistas» y acciones relacionadas con la comunidad transgénero.
El Departamento de Justicia también ha iniciado investigaciones sobre procesos electorales en estados como Georgia y Arizona, en un contexto donde varios funcionarios de la administración han cuestionado los resultados de los comicios de 2020.
La destitución de Bondi cierra un capítulo de una gestión marcada por la polémica y los cambios de rumbo en las prioridades de la principal agencia de aplicación de la ley del país federal.