El presidente de Estados Unidos instó al Congreso a aprobar los fondos para las agencias migratorias antes del 1° de junio, mientras el cierre parcial del gobierno afecta al Departamento de Seguridad Nacional.
En el contexto del cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos, que impacta en el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el presidente Donald Trump estableció una fecha límite. Según informó el medio Politico, Trump instó a los legisladores republicanos a resolver la situación presupuestaria del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en las próximas semanas, fijando el 1° de junio como plazo.
En el ámbito legislativo, se evalúa utilizar el proceso de reconciliación para aprobar los proyectos de financiamiento. Este mecanismo permitiría al Senado estadounidense aprobar una ley presupuestaria con mayoría simple, sin necesidad de superar el umbral de 60 votos. Según análisis de Brookings, para aplicar este recurso se requiere un proyecto unificado entre la Cámara de Representantes y el Senado.
Esta estrategia facilitaría a los republicanos, que cuentan con mayoría simple en el Senado, aprobar el financiamiento solo con sus votos. La medida implica un cambio de postura en la Cámara de Representantes, donde previamente se habían rechazado acuerdos que diferenciaban la financiación del DHS de las agencias de aplicación de la ley migratoria.
Con las nuevas directivas, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, deberá iniciar negociaciones para lograr un proyecto unificado que habilite este atajo legislativo. El objetivo principal es garantizar los fondos para el ICE y la Patrulla Fronteriza. Algunos congresistas han manifestado incluso la intención de asegurar un financiamiento a largo plazo, de hasta diez años.
Más allá del tema migratorio, algunos republicanos buscan incluir en la negociación presupuestaria otras cuestiones, como el financiamiento vinculado a la situación con Irán. Mientras tanto, el ICE y otras agencias, como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), continúan operando, este último en parte gracias a las tarifas que pagan los solicitantes. Otros departamentos, como el de Estado o el de Trabajo, funcionan con normalidad al tener su financiamiento garantizado.