Un juez de concurso dio luz verde a un esquema de contratos de fasón que permitirá a la empresa, con 366 empleados, retomar la operación de sus plantas en el norte del país.
La Justicia autorizó un esquema comercial que permitirá avanzar en la reactivación de Algodonera Avellaneda, una empresa histórica del norte de Santa Fe que se encuentra en concurso preventivo y emplea a 366 personas. La decisión, tomada por el juez Fabián Lorenzini, habilita la realización de contratos de fasón para el desmote de algodón durante la campaña 2026.
Según la resolución, la empresa informó que aceptó una propuesta para procesar algodón en bruto bajo la modalidad de fasón. Esto implica utilizar sus plantas industriales en Pinedo (Chaco) y Bandera (Santiago del Estero) para realizar el servicio de desmote, sin asumir la compra de la materia prima. La propiedad del algodón y de los productos resultantes se mantendrá en manos del cliente, identificado como Vicentin SAIC.
El contrato prevé un volumen total de hasta 60.000 toneladas anuales, con un compromiso mínimo de 4000 toneladas mensuales. A cambio, el cliente afrontará los costos directos e indirectos de la operación, incluyendo mano de obra, energía e insumos. Además, el esquema incluye un financiamiento inicial de hasta US$300.000 destinado a cubrir salarios adeudados, servicios esenciales y la puesta en marcha de las plantas, que se encontraban sin actividad.
El juez Lorenzini consideró que, si bien estos contratos no encuadran estrictamente dentro de los actos ordinarios, se vinculan directamente con el objeto social de la empresa y su continuidad operativa. Señaló que la compañía «no cuenta actualmente con capital de trabajo, ni tiene capacidad para financiar la originación de materias primas», y que la realización de estos acuerdos constituye «su única esperanza de subsistencia durante la presente campaña algodonera».
La autorización se otorgó luego de que la empresa presentara modificaciones al contrato original, tras objeciones planteadas por el comité de acreedores y la sindicatura. Estos cuestionamientos estaban vinculados a cláusulas de exclusividad, plazos, rescisión y condiciones que, según señalaron, trasladaban riesgos a la empresa concursada.
El magistrado aclaró que el aval no implica validar todas las cláusulas en su totalidad y dejó establecido que su opinión favorable «no implica admitir la oponibilidad a los acreedores concurrentes de aquellas cláusulas que pudieran desnaturalizar» este tipo de acuerdos.
La decisión judicial también incorporó un esquema de seguimiento. Se ordenó a la Sindicatura la elaboración de informes periódicos sobre costos, mantenimiento y resultados de la operatoria. El primer informe deberá presentarse el 28 de abril, con el objetivo de evaluar si la actividad cubre los costos operativos y de mantenimiento, de lo cual depende la continuidad del proceso y la preservación de los activos.