Siete centros vecinales de barrios céntricos de la capital cordobesa emitieron un comunicado conjunto apoyando una iniciativa legislativa que busca ordenar el trabajo de ‘naranjitas’ en la vía pública, en medio de un aumento de incidentes y detenciones.
Los centros vecinales de los barrios Centro, Nueva Córdoba, Juniors, Güemes, Rogelio Martínez, San Felipe y Maipú (1° sección) firmaron un comunicado conjunto en el que expresan su respaldo al proyecto de ley provincial que busca ordenar y regular la actividad de ‘naranjitas’ y limpiavidrios en la vía pública.
La presentación pública coincide con un momento de presión política y social en torno al debate. El gobernador Martín Llaryora impulsó la ley días después de que un oficial de la Policía resultara baleado en una disputa entre dos cuidacoches por el control del espacio público.
El vocero del reclamo vecinal es Juan Andrés Aramayo, presidente del Centro Vecinal de Nueva Córdoba, quien describió el clima en los barrios afectados: «Somos barrios que estamos sufriendo muchísimo en la cuestión naranjita, con un índice delictivo muy alto en el último tiempo, con mucha violencia y agresividad».
Aramayo aportó datos concretos: «En lo que va de 2026, en Nueva Córdoba solamente hubo cerca de 100 arrestos de naranjitas». Según el Ministerio de Seguridad, a cargo de Juan Pablo Quinteros, 156 cuidacoches fueron arrestados en lo que va del año en la provincia, una cifra que marca un crecimiento exponencial respecto al año anterior.
Los vecinos firmantes señalan que el problema tiene una dimensión económica concreta. En barrios como Nueva Córdoba, donde funciona el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), la convivencia con los ‘naranjitas’ genera una carga doble. «Tenemos que pagar la tarifa del SEMM y aparte pagar a los naranjitas, y tenemos que vivir con la violencia y la agresividad», señaló Aramayo, quien también apuntó a un impacto negativo sobre el comercio local.
El comunicado reconoce que la problemática «forma parte de la cotidianidad y genera muchas veces situaciones de presión, incomodidad e inseguridad que afectan la calidad de vida de los vecinos», y exige a la Legislatura Provincial que avance «con celeridad en el tratamiento de esta iniciativa».
El trasfondo del debate legislativo no es sencillo. La discusión se centra en la prohibición total o la regulación con enfoque social, siendo esta última la que reúne mayor consenso. El legislador radical Dante Rossi presentó en febrero una iniciativa alternativa que propone declarar la emergencia en materia de estacionamiento, contempla la creación de un padrón, autorizaciones precarias, tarifas reguladas y programas de inserción laboral.
Por su parte, el Arzobispado de Córdoba emitió un comunicado denominado «Ciudades para todos» en respuesta a la iniciativa de Llaryora, en el que la Pastoral Social advierte que la prohibición del trabajo popular es una respuesta incompleta y que el camino son las cooperativas, el control y la contención.
Los propios centros vecinales matizaron su postura. «Hay muchos que sí trabajan muy bien, honestamente, muy educadamente y colaboran; incluso son parte de la circulación barrial», reconoció Aramayo, antes de agregar: «Pero la verdad es que no es la gran mayoría últimamente».
El comunicado conjunto hace hincapié en que cualquier solución de fondo debe ir acompañada de políticas de inclusión. «Sin ese componente, el problema no se resuelve, solo se desplaza», advierten las organizaciones firmantes. Aramayo coincidió: «Somos conscientes de que estamos ante una problemática social y económica muy fuerte. Por eso pedimos que sea con algunos programas de inserción laboral, de estudios, para que esto sea a largo plazo».
La Unicameral no tiene aún fecha confirmada para el debate en el recinto. Los centros vecinales firmantes advirtieron que seguirán de cerca el avance del proyecto.