Un hombre acusa a su exesposa de robarle bitcoins por un valor de cientos de millones de dólares. El proceso judicial expone vacíos legales sobre cómo los tribunales deben manejar activos digitales en disputas civiles.
Un caso judicial en el Tribunal Superior de Londres ha puesto en evidencia los desafíos legales que plantean las criptomonedas en disputas civiles, particularmente tras un divorcio. Ping Fai Yuen ha demandado a su exesposa, Fun Yung Li, alegando que ella, con ayuda de un hacker, robó más de 2323 bitcoins de su billetera digital o «billetera fría». Según la resolución judicial, el valor de estos activos digitales ascendió a unos 180 millones de libras esterlinas (aproximadamente 239 millones de dólares) desde el inicio del proceso.
Yuen sostiene que su exesposa trabajó con un tercero para obtener la contraseña de acceso a la billetera y luego transfirió las criptomonedas a su propio control. Como parte de la evidencia presentada, abogados de Yuen mencionaron grabaciones en las que Li conversaba con una persona no identificada sobre cómo eludir controles contra el lavado de dinero. Fun Yung Li, quien ahora reside en Hong Kong, negó las acusaciones mediante una declaración jurada concisa, que el juez describió como una «simple negativa».
El caso tomó un giro adicional cuando, tras descubrir el presunto robo, Yuen confrontó y agredió físicamente a su exesposa, lo que derivó en su arresto y posterior declaración de culpabilidad por cargos de agresión en 2024. Mientras el proceso penal por agresión sigue su curso, la demanda civil por el robo de los bitcoins avanza hacia un juicio.
La decisión judicial preliminar, emitida por el juez Barry Cotter tras una audiencia en marzo, destacó un vacío legal significativo. El magistrado determinó que, bajo la legislación actual del Reino Unido, Yuen no puede demandar a su esposa por «apropiación indebida» de bienes, ya que ese tipo de acción legal solo se aplica a objetos físicos, como pinturas o relojes de lujo, y no a activos digitales como las criptomonedas. Este vacío persiste a pesar de la introducción de la Ley de Propiedad (Activos Digitales, etc.) el año pasado.
Durante la audiencia, los abogados de la parte demandante citaron precedentes de Canadá, Nueva Zelanda y varios estados de Estados Unidos donde los tribunales sí han permitido acciones civiles por robo de activos digitales. El juez Cotter señaló que este caso ofrece un «terreno fértil» para que los tribunales ingleses aborden y potencialmente resuelvan esta laguna legal. El proceso civil continuará, observado de cerca por su potencial impacto en la jurisprudencia sobre criptoactivos.