El proyecto de modernización laboral o reforma laboral que impulsa el Gobierno abrió un fuerte debate político, sindical y jurídico en la Argentina, con foco en los cambios a la Ley de Contrato de Trabajo, la negociación colectiva y el derecho de huelga, y despierta advertencias de abogados laboralistas sobre los aspectos que podrían derivar en mayor conflictividad judicial y gremial.
La iniciativa, según un grupo de abogados laboralistas entre los que se encuentran Ernesto Sanguinetti, Javier Adrogué, Nahuel Altieri y Julián Hofele, tiene una declarada vocación de “modernizar” las relaciones laborales, pero introduce modificaciones que, según advierten, subvierten prácticas consolidadas, contradicen jurisprudencia de las últimas décadas y tensionan principios estructurales del derecho del trabajo.
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Desde el punto de vista general, el proyecto reescribe partes centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, reduce su ámbito de aplicación al excluir ciertas contrataciones reguladas por el Código Civil y Comercial, a trabajadores independientes y a prestadores de plataformas digitales, y amplía la libertad contractual entre empleadores y trabajadores.
Al mismo tiempo, incorpora instrumentos como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y programas de empleo registrado, con el objetivo declarado de reducir la informalidad y la litigiosidad, uno de los ejes centrales de la propuesta.
Negociación colectiva y derecho de huelga: el núcleo del conflicto
Uno de los puntos que genera mayor alarma es la reforma de la negociación colectiva. El proyecto limita la ultractividad de los convenios colectivos y prioriza los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales, lo que, según Ernesto Sanguinetti, “viene a subvertir una práctica convencional de muchos años” y podría trasladar el conflicto gremial al interior de las empresas.
En la misma línea, el texto del proyecto amplía la noción de servicios esenciales y regula de manera más restrictiva el derecho de huelga. Para el Dr. Javier Adrogué, “la legalidad de la reglamentación del derecho de huelga es uno de los puntos más conflictivos”, y recordó que intentos similares ya fueron resistidos por la Justicia en decretos anteriores de este mismo Gobierno.
Nahuel Altieri fue aún más crítico y advirtió que la iniciativa “limita el derecho de huelga contradiciendo lo que dice la Constitución Nacional y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo”, al considerar esenciales o trascendentales a la mayoría de las actividades, lo que en la práctica reduciría drásticamente la posibilidad de medidas de fuerza.
También genera tensión la modificación del financiamiento sindical, ya que se elimina la retención obligatoria de cuotas sin autorización expresa del trabajador y se limitan las horas de crédito para delegados. Altieri señaló que esto “va a complicar gravemente la financiación de los sindicatos” y altera el equilibrio del sistema colectivo.
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Litigiosidad, indemnizaciones y cambios contractuales
Otro de los objetivos centrales del proyecto es la reducción de la litigiosidad laboral, a partir de regulaciones más precisas y de la fijación de topes a la actualización de los créditos judiciales, además de la posibilidad de pago en cuotas para pymes. Para Adrogué, estas medidas buscan contener los costos del conflicto judicial, aunque no evitarán que muchos artículos sean discutidos en tribunales.
Sin embargo, los especialistas advierten que varias disposiciones podrían, paradójicamente, incrementar la judicialización. Entre ellas se destacan la validez de los acuerdos individuales que permiten modificar o suprimir derechos, la redefinición del concepto de salario y la restricción de la responsabilidad solidaria de la empresa principal en casos de subcontratación.
En ese marco, el abogado laboralista Julián Hofele sostuvo que uno de los núcleos más perjudiciales y conflictivos del proyecto es “la exclusión de una serie de sujetos de la protección legal de la norma laboral”, a partir de la modificación del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según explicó, quedan fuera del régimen protector trabajadores contratados bajo figuras como la locación de obra, los trabajadores de plataformas digitales y los independientes con colaboradores, lo que “atenta contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege el trabajo en sus diversas formas”.
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Hofele afirmó que esta lógica implica un proceso de “deslaboralización” abiertamente inconstitucional, ya que el ordenamiento jurídico argentino tiende a proteger las condiciones de trabajo más allá de las formas contractuales. “Todo el sistema laboral está pensado para proteger al trabajador, aun cuando no exista una formalidad estricta, y esta norma va en sentido contrario al excluir sujetos de esa protección”, remarcó.
En materia de derecho colectivo, el especialista sumó críticas a lo que definió como una “serie infinita de afectaciones” a las herramientas sindicales, entre ellas la limitación de asambleas, del derecho de huelga, de las horas de los delegados y la promoción de sindicatos de empresa en detrimento de los sindicatos de actividad. Según Hofele, estas modificaciones vulneran la libertad sindical y “van contra los tratados internacionales suscriptos por la Argentina, en particular los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo”.
Por su parte, el Dr. Altieri cuestionó especialmente el Fondo de Asistencia Laboral, al sostener que su financiamiento implica un desvío de recursos que antes iban a la ANSES, la imposición de topes indemnizatorios y el pago en cuotas, medidas que, en conjunto, profundizan el conflicto judicial y sindical.
En ese contexto, Sanguinetti advirtió que, si bien el proyecto parte de un diagnóstico compartido sobre las falencias del sistema laboral vigente, varias de sus reformas —en especial las vinculadas a la negociación colectiva, el derecho de huelga y la exclusión de sujetos protegidos— son las que concentran mayor potencial de conflictividad social y judicial si se aprueban sin consensos amplios.
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