Por eso se siente en las conquistas sociales: retrocesos en derechos LGBTIQINB+ y vaciamiento de políticas claves. Desde que asumió la presidencia de la Nación en diciembre de 2023, Javier Milei implementó un programa de gobierno basado en un ajuste feroz del gasto público. Sin embargo, el impacto no se limitó a lo económico: alcanzó de lleno derechos democráticos fundamentales, especialmente aquellos vinculados a las políticas de género y diversidad sexual, fruto de décadas de lucha de los movimientos feministas y LGBTIQINB+ en Argentina.
Desmantelamiento sistemático
Asistimos al desmantelamiento sistemático de derechos conquistados. Si bien muchos de esos derechos conquistados en la calle tenían poco o nulo presupuesto y debíamos exigir su implementación, durante los últimos veinte años, Argentina fue referente en América Latina en materia de igualdad.
La Ley de Matrimonio Igualitario (2010), la Ley de Identidad de Género (2012) y el cupo laboral travesti-trans (Ley 27.636, 2021) colocaron al país a la vanguardia del reconocimiento de derechos. Hoy, gran parte de esas conquistas están en riesgo.
Uno de los primeros pasos del gobierno fue la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que primero fue degradado a subsecretaría y luego desmantelado por completo. Con esa decisión no solo se perdió una estructura institucional clave, sino que se cerraron programas esenciales como “Acompañar”, que brindaba asistencia económica a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia. Era un ministerio “de cartón”, ya que no poseía presupuesto, pero aun así asistía a muchas mujeres movilizadas con estas exigencias. Por eso su cierre no deja brecha alguna para exigir aplicación de esos programas, dejando a miles de mujeres mas desprotegidas.
La ley bases, un elemento del marco general
La Ley Bases: es un marco para el vaciamiento de políticas públicas. Impulsada por el oficialismo y aprobada en la Cámara de Diputados tras intensas negociaciones, con muchos cómplices del arco político opositor, habilita al Ejecutivo a reformar, fusionar o eliminar organismos públicos. Bajo esa norma se cerró el INADI, un organismo fundamental para denunciar y prevenir actos de discriminación y violencia de odio. Algunos de los derechos eliminados o suspendidos eran claves para garantizar los principios de equidad e igualdad en materia de genero. Los retrocesos más graves incluyen: el incumplimiento del cupo laboral trans en la administración pública nacional; muchas contrataciones fueron congeladas o no renovadas.
Demoras sistemáticas en los tratamientos de hominización en el sistema de salud público, afectando el derecho a la identidad de las personas trans.
Obstáculos en la rectificación de actas de nacimiento y DNI para personas trans y no binarias, violando la Ley de Identidad de Género.
Cierre de espacios de asistencia como los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), que brindaban apoyo legal y psicológico a personas en situación de vulnerabilidad.
Discursos de odio y legitimación de la violencia
El punto de quiebre en Davos: El ataque a los derechos no comenzó solo con los recortes. En enero de 2024, durante el Foro de Davos, Milei cuestionó abiertamente al feminismo, a los movimientos sociales y a las políticas inclusivas, desde el inicio de su mandato, el salto fue Davos, donde además los califico como “pedófilos”. Ese discurso, amplificado desde el poder, marcó el inicio de un clima de hostilidad creciente contra mujeres y diversidades, habilitando discursos de odio que antes permanecían en los márgenes.
La resistencia en las calles no se hizo esperar, surgió la marcha del 19 de febrero, así marcharon en todo el país en una histórica movilización LGBTIQINB+ antifascista. Bajo banderas arcoíris y la consigna de “ningún derecho menos”, exigimos la restitución de programas eliminados, el respeto por las leyes vigentes y el cese de los discursos de odio. Ese es el camino, uniendo con otras luchas, en la calle. Ni un paso atras ante nuevos ataques, como el proyecto Milman-Lemoine-Zapata.
El pasado 13 de julio, mientras se celebraban 13 años de la Ley de Identidad de Género, los diputados Gerardo Milman (PRO), Lilia Lemoine (LLA) y Carlos Zapata (LLA) presentaron un proyecto para excluir de la cobertura pública y de obras sociales todos los tratamientos hormonales, quirúrgicos y médicos de adecuación de género. Y si bien aún no consiguieron las firmas, pretendían cercenar nuestros derechos. Milman defendió la iniciativa en la red X con el mensaje: “Que vuelva el sentido común”. Lejos de sentido común, el proyecto busca despojar de derechos básicos a la población travesti-trans, trasladando todo el costo de los tratamientos a las personas interesadas. Por eso la calle no podemos perderla.
Un futuro en disputa
Lo que está en juego en Argentina no es solo una cuestión económica: es una batalla cultural y política. El retroceso en derechos conquistados por la comunidad LGBTIQINB+ amenaza con borrar años de avances históricos.
La respuesta está en unir todas las luchas, desde abajo y con organización para no retroceder, porque cada derecho conquistado es el resultado de luchas colectivas y no se resignará fácilmente.
Sumate y organizate con nosotres en Juntas y a la Izquierda y en Libre diversidad.
Rocío Cisterna